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miércoles, 27 de junio de 2018

Ni remuneraciones ni seguridad social

Por Janet Rios

La situación creada producto del derrumbe del modelo de sociedad salarial y del debilitamiento de un estado de bienestar (Castel, 1997) que nunca se desarrolló plenamente en los países latinoamericanos pero que al igual que en los países de mayor desarrollo, ha cedido paso a formas cada vez más generalizadas de precariedad e informalidad que prevalecen en el mercado de trabajo urbano y que hacen que los trabajadores acepten condiciones que no garantizan unas remuneraciones adecuadas ni el acceso a la seguridad social. En realidad no sólo se incrementa la pobreza urbana sino que se genera un proceso de acumulación de desventajas económicas y sociales que se concentran principalmente en determinados colectivos sociales.

Mujeres jefas de hogar, jóvenes que no pueden prolongar sus estudios y que están desocupados, migrantes internos y externos, población de origen indígena, adultos mayores fuera de los beneficios de los regímenes sociales de bienestar y discapacitados.

Dentro de las políticas sociales de muchos países se encuentran aquellas que se dirigen al conjunto de la ciudadanía con criterios de universalidad porque son parte de la responsabilidad social del Estado. Entre muchas podemos mencionar las políticas dirigidas hacia el sector de la salud, de la educación, la vivienda y recreación. Pero sin embargo, la situación de pobreza en toda América Latina ha llevado a que se otorgue marcada importancia a un determinado tipo de políticas sociales, llamadas políticas de reducción o combate a la pobreza, que intenta acceder a los bienes y servicios básicos como la alimentación, la salud, la educación. Este tipo de políticas suelen ser focalizadas y se aplican a diferentes colectivos de ciudadanos de manera individual o grupal, incluyendo programas como el acceso a alimentos básicos, becas escolares, apoyos económicos a mujeres jefas de hogar, vacunación y control médico.

Los procesos de descentralización refuerzan la presencia y el desempeño de los gobiernos e instituciones subnacionales en las esferas urbana y territorial; el sector privado por su lado asume más importancia en materia de inversiones en la ciudad no sólo de tipo inmobiliaria sino en varios casos el rol de “oferente” de bienes y servicios urbanos. El análisis de experiencias institucionales da cuenta de una serie de características y lecciones aprendidas respecto del desempeño del Estado en materia de programas y estrategias en desarrollo urbano, en general, y de aquellos vinculados a la superación de la precariedad urbana, en particular. Entre ellas, la más importante se refiere a la capacidad institucional necesaria para emprender y gestionar programas, el desempeño efectivo de los gobiernos en este tipo de iniciativas y la prioridad sectorial asignada por los gobiernos al tema de la precariedad del hábitat.

Este panorama de la pobreza y precariedad urbana, junto con las capacidades institucionales de los gobiernos para desarrollar políticas y ejecutar programas y proyectos, es analizado a la luz de los diferentes factores condicionantes y operativos del desarrollo urbano sostenible, otorgándole de esta forma una perspectiva dinámica. Los factores que aquí se ponen en evidencia se refieren al financiamiento, institucionalidad (normativa y regulación), participación y gobernabilidad. En una lectura global, es posible plantear que el desafío actual respecto al financiamiento y bancarización de sectores de menores recursos de cara a la crisis generada en los Estados Unidos y con impactos en los países de la región, se hace más específico de acuerdo a los tres actores directos Estado, entidades financieras y familias.

La perspectiva o enfoque de política de desarrollo urbano y habitacional que se ha venido promoviendo a los países de la región en las últimas décadas con foco en el objetivo de la superación de la pobreza y la precariedad urbana, mantiene como núcleo una serie de principios que constituyen también objetivos a lograr. Estos son: estado promotor, calidad de la oferta habitacional, calidad de infraestructura y de equipamiento, integración social, mejoramiento de la gobernabilidad urbana, oferta estratégica y sostenible de factores (suelo y financiamiento), coherencia estratégica y sostenibilidad de políticas, diferenciación regional/territorial y cooperación público-privada. Dichos principios se traducen en una Agenda Urbana Regional orientada a la superación de la pobreza y precariedad con cinco ejes de especial prioridad en materia de intervención urbana y que buscan, entre otros fines, contribuir a superar la situación de crisis antes indicada a la vez de colaborar en los tres desafíos descritos respecto al financiamiento y bancarización de sectores de menores recursos